El interés general y el uso de anabólicos

Héctor Salamanco*. 2006. La Nación, Sec. 5ª Campo, Bs.As., 11.11.06:10.

*Director ejecutivo del Consorcio de Exportadores de Carnes.

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Las buenas políticas y sus normas complementarias son aquellas que privilegian la defensa del interés general, desestimando los intereses particulares.

Son el producto de un proceso consultivo de toma de decisiones públicas en el que se ponderan los beneficios y los costos de las medidas de gobierno. El resultado de las buenas políticas es una defensa permanente del interés general que se traduce en mejores estándares de bienestar.

Estos principios han sido tomados en cuenta por el Gobierno cuando suspendió el uso de promotores de crecimiento en el ganado en abril de 2004, poniendo en un platillo de la balanza el interés particular de los usuarios de estas drogas y en la otra los intereses del resto.

Frente a la reciente demanda de algunos interesados para que se vuelva a autorizar el uso de anabólicos recordemos que razones de costo/beneficio por un lado y la conveniencia de privilegiar los requerimientos de un mercado como el europeo por el otro, fueron determinantes para decidir la suspensión.

Durante los 16 años en que los promotores de crecimiento estuvieron autorizados, la agroindustria bovina fue perjudicada en su conjunto.

Entre los perjuicios se inscriben la obligatoriedad de mantener listados positivos de establecimientos ganaderos para la exportación a la Unión Europea (UE) con efectos distorsivos en el mercado de ganado; deterioro de la credibilidad del sistema sanitario por la incapacidad de ofrecer las garantías requeridas por la UE; aumento de los controles oficiales en plantas y en el campo y originando mayores costos de análisis de residuos; deterioro de la imagen del producto sembrando dudas en el consumidor europeo sobre las "carnes naturales" de la Argentina.

Decisión correcta

A fin de evitar esos perjuicios el actual Gobierno tomó la decisión correcta de suspender los anabólicos y de armonizar la política con la adoptada por el resto de los países del Mercosur, así lo han entendido las entidades del sector que apoyaron mayoritariamente la medida.

Dado que se mantienen vigentes las causas que justificaron en 2004 la suspensión, las cámaras de la industria reafirmaron la necesidad de no innovar en ésta materia.

 

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