Director: Guillermo
Alejandro Bavera, Méd. Vet., Profesor Titular Efectivo de Producción Bovina de
Carne, Depto. Producción Animal,
Facultad de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río
Cuarto, Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina
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Documento. Buenos
Aires, 4 de diciembre de 2003.
La preocupación del INTA por una producción sustentable
(económica, social y ecológicamente) involucra cuestiones apremiantes, como las
vinculadas con las variables medioambientales: erosión, pérdida de materia
orgánica, balance negativo de nutrientes, desertificación, la reducción de la
biodiversidad y también los efectos sociales, tales como el despoblamiento del
medio rural por falta de oportunidades de empleo y la sustitución de actividades
intensivas en mano de obra por otras extensivas. Por otro lado, en parte debido
a condiciones muy favorables de los mercados internacionales de muchos de nuestros
productos de exportación, los indicadores de productividad y rentabilidad
empresaria son positivos en buena parte del sector. Sin embargo, de no mediar
una estrategia concertada, a mediano plazo, esta situación tenderá a
deteriorarse, como consecuencia directa del proceso desordenado de
agriculturización, acompañado, en muchos casos, de monocultivo (tanto en
cultivos agrícolas como forestales), del que
estamos siendo testigos.
La magnitud y complejidad del problema, requerirá
de un amplio consenso de todos los actores públicos y privados relacionados con
el sector, para encarar su solución. Con estas reflexiones, el INTA desea dar
un primer paso en ese sentido.
La mayoría de las actividades productivas generan
efectos no deseados, que pueden ser positivos, como es el caso de la siembra
directa que reduce la oxidación de la materia orgánica del suelo, o negativos
(que generan perjuicios), tales como la contaminación del agua subterránea, la
pérdida de biodiversidad, etc. Estos efectos son “subproductos” de la combinación
de tecnologías asociada con el sistema de producción empleado en cada caso en
particular.
La asignación más eficiente de recursos, desde el
punto de vista del productor individual, es aquella en la que se maximizan
beneficios, considerando exclusivamente los costos privados. Este enfoque está
estrechamente asociado con niveles superiores de producción.
Dado que no hay señales de mercado asociadas con
las dimensiones social y medioambiental, éstas son generalmente ignoradas en el
proceso decisorio, generándose distintos desequilibrios. El restablecimiento de
los mismos requiere la incorporación de estos costos adicionales, de manera de
garantizar la sustentabilidad, tanto de la base de recursos naturales, como la
del tejido social que integra los sistemas de producción.
Se pueden identificar dos posiciones claramente
diferenciadas en la discusión del tema de la sustentabilidad: una,
estrechamente asociada con un equilibrio adecuado entre las tres dimensiones
(económica, social y ecológica), que propone incluir la totalidad de los costos
ambientales y sociales en la estructura de costos privados de producción. Esto
es, asignar
los factores de producción (especialmente, la
tierra) y fijar la intensidad de uso de insumos, tomando en cuenta dichos
costos. La consecuencia práctica de esta decisión, sería una caída en la
producción, a cambio de una mayor sustentabilidad ambiental y social.
En el otro extremo del espectro, la postura
consistente con la defensa a ultranza de la maximización de beneficios privados
y de los niveles de producción asociados, no toma en cuenta el impacto de los
efectos negativos de la producción y, por lo tanto, es seriamente objetable cuando
se la analiza en un horizonte de largo plazo.
El concepto de responsabilidad social del
empresario rural, se ubica en una posición intermedia entre las posiciones
extremas mencionadas. Este enfoque es más frecuente en explotaciones familiares
de avanzada, cuyos responsables han optado por minimizar buena parte de los
efectos negativos de las actividades agropecuarias, adoptando modelos de gestión
tecnológica y económico-financiera de mediano y largo plazo, que generalmente implican
el sacrificio de rentabilidad de corto plazo.
Cabe destacar que, por lo menos en la segunda mitad
del siglo XX, las innovaciones tecnológicas, biológicas, mecánicas y
agronómicas que se han ido desarrollando y adoptando, han representado el
aporte más importante a la conservación del suelo a escala global. Por ejemplo,
en 1950 se producían 650 millones de toneladas de granos y oleaginosas, en un
área de cultivo de 600 millones de hectáreas. Para igualar, con tecnología de
1950, las 1900 millones de toneladas de granos y oleaginosas producidas en 2000,
se necesitarían 1700 millones de hectáreas, es decir, 1040 millones más que las
660 millones que son efectivamente cultivadas. Esas 1040 millones de hectáreas
adicionales con aptitud agrícola simplemente no existen. Por lo tanto, la
producción global sería en la actualidad mucho menor y el precio de los
alimentos, en términos reales, mucho mayor.
Pero, además, la presión agrícola sobre los
ecosistemas frágiles sería mucho más alta que la actual. En este sentido, el
avance tecnológico ha incorporado a la agricultura efectos realmente positivos.
No obstante, existen desequilibrios que pueden ser
inducidos por el cambio tecnológico e implicancias del mismo para el futuro de
nuestro sector, como está ocurriendo con el cultivo de soja en nuestro país,
que analizaremos en algún detalle, dada la repercusión del tema en la sociedad
argentina. La disponibilidad, a partir de 1996, de materiales transgénicos
tolerantes a glifosato, ha hecho posible, en combinación con la difusión de la siembra
directa, una enorme expansión del área cultivada y, en consecuencia, de la producción,
lo que ha posicionado a la Argentina como el tercer productor de grano y primer
exportador mundial de aceites. Esta tecnología ha representado, en el período
1996-2001, beneficios adicionales de más de 5000 millones de dólares para el
país (1) . Por otro lado, la soja
se ha transformado en la fuente más importante de ingresos fiscales, lo que, a su
vez, ha posibilitado la financiación, sin impacto inflacionario, de los
programas sociales que han contribuido a mitigar las consecuencias de la crisis
socio-económica más grave de los últimos 100 años.
Pero hay una preocupación que se ha ido incorporado
gradualmente a la agenda de debate de la opinión pública argentina. Las
evidencias científicas disponibles se van acumulando en el sentido de que la
combinación: siembra directa más el monocultivo de soja tolerante a glifosato
no constituye, en la región pampeana, una alternativa sustentable a los
planteos que incluyen rotaciones. Paralelamente, está instalada la percepción
(también fundamentada en sólidos argumentos técnicos), de que el proceso de
agriculturización que se observa en las zonas extra-pampeanas, especialmente el
NEA y el NOA (atribuible, en su casi totalidad, a la expansión del monocultivo de
soja), constituye un sendero incompatible con la sustentabilidad de la
producción agropecuaria en esas regiones. La observación de estos dos procesos
lleva a concluir que, a menos que se haga algo al respecto, la caída en la
producción agrícola será inevitable. En este escenario, al cabo de un período
de tiempo indeterminado, el stock de recursos naturales, sufrirá una
degradación (posiblemente irreversible), tanto en cantidad como en calidad,
especialmente en los ecosistemas más frágiles. En estos momentos están disponibles
y plenamente validados a nivel de campo, planteos productivos cuyos resultados
superan a los que predominan actualmente (2)
, tanto desde el punto de vista medioambiental, como de la rentabilidad.
Estos planteos han sido adoptados por productores que han decidido priorizar la
rentabilidad sustentable en el mediano plazo. Existen, sin embargo, restricciones
para la generalización de la adopción de estos modelos, entre las que se
destacan los contratos accidentales de arrendamiento por un año que, se estima,
representan más del 50 % del total del área agrícola.
Es evidente que las decisiones, basadas en
criterios de racionalidad y eficiencia de corto plazo, de la mayoría de los productores
individuales, terminan conformando el panorama de los sistemas productivos
predominantes, dadas las condiciones del contexto que, para la soja son:
altísimos precios del grano, costos directos de producción (gastos) muy bajos
(uso propio de semilla, glifosato a una fracción del precio de hace pocos años),
sencillez en la conducción del cultivo, gran seguridad de cosecha y, un dato no
menor, arrendamientos fijados en kg de soja. Por el otro lado, el maíz, cultivo
sustituto imperfecto de la soja en los planteos agrícolas (faltan materiales de
alta productividad en las zonas donde se da el proceso de agriculturización),
tiene altos costos de producción (semilla híbrida que debe ser comprada e
insumos químicos de alto precio), además de una menor seguridad de cosecha (plagas
y sequías pueden causar reducciones muy importantes en el rendimiento). El monocultivo
de soja predomina marcadamente en los lotes arrendados. Las rotaciones agrícolas
con maíz son más frecuentes en campos propios. No se puede atribuir la responsabilidad
de esta situación solamente a los arrendatarios. Los propietarios de los lotes en
alquiler con frecuencia inducen, mediante las condiciones pactadas, al
monocultivo. Por último, el alto costo del dinero, especialmente en el caso los
pequeños productores, incide desproporcionadamente en contra de la decisión de
optar por la siembra de maíz.
Cualquier decisión que la sociedad tome, a partir
de la situación definida por el conjunto de variables del contexto externo, en
el sentido de retornar a planteos productivos que acerquen al punto adecuado de
equilibrio socio-económico-ecológico, indefectiblemente va a implicar costos.
Por ejemplo, pasar del actual planteo productivo predominante en las 7 millones
de hectáreas de la zona núcleo sojera-maicera, a una rotación agrícola con
mayor presencia del maíz (lo que representaría una reducción del desequilibrio
en lo ambiental), implicaría una desmejora en el resultado operativo (margen
bruto), valuado a los precios actuales de insumos y productos, de unos 250
millones de pesos anuales (3) .
Si se incluyeran, entre otras opciones, rotaciones con ganadería de engorde a
base de pasturas permanentes (que se aproximaría con una situación compatible
con la sustentabilidad de largo plazo), esa cifra sería de unos 1350 millones
de pesos anuales (4).
La evolución de las señales de mercado podría
revertir, aunque sea parcialmente, la actual situación (5) . En el caso de los Estados Unidos, primer productor mundial,
es muy probable que en la próxima campaña, la cosecha vuelva a los niveles
normales, luego de la sequía que la afectó este año. Si eso es así, el precio
internacional debería descender. En Brasil, que es el segundo productor
mundial, se está debatiendo la liberación de la soja tolerante a glifosato. Si
las autoridades regulatorias de ese país deciden liberarla, ello también terminará
incidiendo negativamente sobre el precio internacional del grano. Además, si el
fenómeno de expansión del cultivo que se registró en Argentina se repitiera en
Brasil, la caída del precio puede ser muy importante. Por el lado de la
demanda, la firmeza de los precios de la soja disponible es atribuible, en gran
medida, a las compras de China y es dudoso que se mantenga indefinidamente en
los niveles actuales. De darse los eventos de esta manera, los mercados
ajustarán la asignación de tierra en nuestro país. De todas maneras, este
ajuste se hará en el margen y Argentina seguirá siendo un importantísimo participante
en la producción y comercio internacional de soja.
Es importante enfatizar que, a diferencia de otros
casos de monocultivo, la soja es una especie anual, cuya producción no requiere
inversiones en capital fijo específico. El productor podría sustituirla por
otro rubro en la siguiente campaña, sin comprometer su sustentabilidad
económico-financiera de mediano plazo. Por lo tanto, es un cultivo que encaja
en un sistema de rotaciones. Cuando se dan oportunidades excepcionales de mercado,
como ocurre actualmente, que inducen su monocultivo, resulta fundamental la utilización
de un paquete tecnológico que minimice sus impactos negativos (reponiendo
nutrientes, generalizando la siembra directa,
aportando materia orgánica con vegetación espontánea o con abono verde, etc).
Las mencionadas condiciones que prevalecen en el mercado de tierras, también
restringen la adopción de estas prácticas.
Desde su creación, hace ya 47 años, el INTA, como
parte de su mandato institucional, se ha dedicado sistemáticamente a la
generación y transferencia de tecnología para minimizar y, en los casos en que
ello sea factible, alcanzar un equilibrio adecuado de las dimensiones en juego,
de manera que las generaciones futuras sigan contando con, por lo menos, la capacidad
productiva actual de nuestros recursos naturales. Hoy renovamos y profundizamos
ese compromiso con la sociedad. El INTA cuenta con abundante información
confiable, apta para alimentar el proceso de innovación tecnológica, disponible
para todos los actores del sector. Además tiene equipos de calificados
investigadores trabajando permanentemente sobre las problemáticas y
oportunidades del sistema agroalimentario, en el desarrollo de conocimientos y
tecnologías que permitirán responder a condiciones cambiantes de un contexto
cada vez más complejo. Los precios relativos seguirán siendo determinantes en
las decisiones de los productores. Sin embargo, el cambio tecnológico puede
incidir eficazmente a favor de alternativas preservadoras del medio ambiente.
Por ejemplo, las tecnologías de agricultura de precisión, que optimizan el uso de
insumos químicos sin sacrificar productividad, incluyendo ajustes en las dosis
de fertilizantes para reponer nutrientes extraídos por los cultivos; la
creación de alternativas de producción de maíz de mayor competitividad; el
desarrollo de paquetes tecnológicos para la producción de carnes y leche (entre
otras alternativas), complementarios con los planteos agrícolas; sistemas
productivos integrales de agricultura permanente, significativamente menos
agresivos del medio ambiente que los actuales, constituyen algunas de las
tecnologías que se encuentran en distintas etapas de desarrollo para alcanzar planteos
productivos sustentables en el mediano y largo plazo. De igual forma, la información
básica de suelos y el diseño de indicadores de sostenibilidad con rangos específicos
por regiones, dotará a todos los actores públicos y privados con capacidad para
monitorear sistemática y cuantitativamente el estado y la evolución de la base de
recursos naturales dedicados a la producción y, en el caso de los gobiernos
provinciales, podría ser empleado como insumo en el diseño de políticas de uso
de la tierra, con el objetivo de lograr la optimización del ordenamiento
territorial. Debemos reconocer que no tenemos todas las respuestas, dado el
vertiginoso ritmo de cambio que se está dando en el sector. Es por eso que el
trabajo permanente, con todos los actores interesados, es una prioridad institucional
de máximo nivel.
Estamos trabajando para que, a partir de la visión compartida sobre las metas sostenibles de producción y exportación para el sector agropecuario - agroindustrial, se puedan consensuar estrategias para articular o coordinar las actividades públicas y privadas hacia los nuevos niveles de crecimiento y desarrollo que la sociedad reclama. El INTA es una institución que tradicionalmente ha preferido que sus acciones sean las que hablen. En esta ocasión, sin embargo, ante la intensidad y el apasionamiento del debate que se ha planteado sobre la sostenibilidad de la agricultura argentina, hemos decidido compartir estas reflexiones, con el deseo de contribuir al logro de un consenso informado en un tema de importancia estratégica.
1 Trigo E. et. al. Los Transgénicos en la Agricultura Argentina. Una
Historia con Final Abierto. Libros del Zorzal. Diciembre 2002.
2 Peretti, M. y Ghida Daza, C. (EEA INTA Marcos Juárez. Comunicación
personal), Octubre 2003.
3 Esta estimación se hizo extrapolando a toda la región, los datos
correspondientes al modelo modal de la zona de influencia de la EEA INTA Marcos
Juárez.
4 Fuente: Elaborado por el IES-INTA, en base a datos en: Ghida Daza, C. Invernada
Bovina: Evolución Económica Durante el Período 1986-2003 en Dos Niveles
Tecnológicos. Área Economía, Estadística e Informática. EEA INTA Marcos Juárez.
Mayo 2003. No se han incluido en los cálculos del costo de producción, las
amortizaciones de los gastos en capital fijo requeridos por un planteo mixto.
Su inclusión haría que la cifra estimada fuera mayor.
5 Con los niveles actuales de productividad y, si se ignora el costo
financiero, se requeriría, para llevar la diferencia a cero, en el caso de las
rotaciones agrícolas, un incremento en el precio a productor, de 14,5 % en el
maíz o una reducción del 16,3% en el de soja (en base a los futuros de mes de
cosecha 2004). En el caso de las rotaciones que incluyen ganadería, el
resultado operativo sería el mismo que el del planteo actual si, a las variaciones
de precios de soja y maíz en el párrafo anterior, se le agregara un incremento
en el precio, tanto del ternero, como del novillo, del 49 %. Los desarrollos
tecnológicos pueden incidir favorablemente en estas relaciones. Por ejemplo,
mediante la reducción de costos de producción o mejorando la calidad del
producto.
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