Director: Guillermo Alejandro Bavera, Méd. Vet.,
Profesor Titular Efectivo de Producción Bovina de Carne, Depto. Producción
Animal,
Facultad
de Agronomía y Veterinaria, Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto,
provincia de Córdoba, República Argentina
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> Temas varios
Robert Blake(1), Elías
Fereres(2), Ted Henzell(3) y Wayne Powell(4). 2004.
(1) Cornell University.
(2) Universidad de Córdoba (España).
(3) University of Queensland
(Australia).
(4) Scottish Crop Research
Institute.
Este documento se refiere, principalmente, a
investigación científica y tecnológica relacionada con la producción de ganado,
cereales, papa y productos forestales. También considera el manejo de los
recursos naturales y la educación superior de científicos agropecuarios.
El sector agropecuario hace una contribución
sustancial a la economía argentina, especialmente como generador de divisas.
Sin embargo, debido a la merma de la financiación estatal de las ciencias
agropecuarias desde aproximadamente 1980, existen ahora serias debilidades
tanto en investigación como en educación superior, especialmente en ciertos
campos de la ciencia y la tecnología que se han desarrollado rápidamente en
otros países durante estos últimos años. A pesar de los apremios financieros y
los grandes problemas que enfrenta el gobierno argentino, el comité que firma
este informe cree que se puede hacer mejor uso de los recursos del sector
público, cuyos problemas se han exacerbado por su incapacidad de concentrar los
todavía significativos recursos que posee en un menor número de centros y en
las áreas temáticas de mayor prioridad. El comité no propone una
reestructuración fundamental de las instituciones existentes, sino la
asignación competitiva de los recursos disponibles para crear nuevas y más
efectivas colaboraciones entre ellas. La opción estructural recomendada por el
comité para fortalecer el sistema es apoyar a centros en los que puedan
desplegar su actividad los científicos agropecuarios más competentes.
Hasta ahora, el sector privado ha invertido muy
poco en investigación y educación superior agropecuarias. Se necesita con
urgencia mayor inversión, especialmente de los productores rurales y de las
industrias elaboradoras de los productos agropecuarios. El comité recomienda
que se establezca un nuevo fondo para desarrollar la educación académica
superior y la investigación agropecuarias en la Argentina, una de cuyas
principales tareas sería obtener inversiones privadas para hacerlo. Otros
cometidos prioritarios de ese fondo y de otras fuentes independientes de
financiación serían promover una definición más efectiva de prioridades,
fortalecer la investigación de postgrado, lograr una mejor comprensión de las
necesidades en materia del manejo de los recursos naturales y alentar una
discusión permanente sobre la política de investigación agropecuaria.
Las ciencias agropecuarias están en estos momentos
en un estado de desorden en la Argentina. Uno de los primeros pasos en la ruta
de la recuperación sería poner de manifiesto el cometido crucial de la ciencia
y la tecnología en la futura competitividad de la agricultura. El comité cree
que el país no tiene otra alternativa que practicar una agricultura basada en
la ciencia y la tecnología, ya que poseer algunas de las mejores tierras
agrícolas del mundo no es suficiente.
Los objetivos principales del análisis que realizó
el comité fueron:
¨
Evaluar, a la luz de criterios internacionales, las
principales fuerzas y debilidades de las ciencias agropecuarias argentinas e
identificar oportunidades para fortalecerlas.
¨
Aconsejar a la fundación Antorchas sobre cómo
contribuir al proceso.
Debido a que las ciencias agropecuarias cubren un espectro
muy amplio de disciplinas y cuestiones, fue necesario limitar el campo de
análisis. En consulta con un grupo coordinador del estudio, también convocado
por la fundación Antorchas (cuyos integrantes están mencionados al final), el
comité resolvió concentrar su mirada en la producción agropecuaria y omitir el
procesamiento de productos agrícolas, excepto cuando este influyera sobre las
prácticas de producción. Los efectos ambientales de la agricultura fuera de las
explotaciones no se incluyeron, pero sí el manejo de los recursos naturales en
estas. El énfasis primario se puso en la investigación biofísica. Se estudió la
silvicultura, pero no la pesquería. Si bien no se buscó abarcar el conjunto de
la educación agraria, se estudió la eficacia de los vínculos de las
universidades con la investigación agropecuaria, en especial la formación de
investigadores en los programas de postgrado.
Aun con estas restricciones, el análisis debió
cubrir cuestiones de producción de una amplia variedad de industrias rurales,
por lo que se decidió dar atención particular a cuatro ramas productivas: la
ganadería vacuna, los cereales, las plantaciones forestales y la papa, y
considerar de manera general el manejo de los recursos naturales. Sin perjuicio
de lo anterior, el comité también entrevistó a científicos que trabajan con
otros productos, por ejemplo, tomate. Una ayuda importante fue una pequeña
serie de informes sobre ramas seleccionadas que prepararon determinados
especialistas a pedido del grupo coordinador. Uno de esos informes, acerca de
la investigación agronómica en la Argentina, se publica al final de este
documento.
En general, se esperaba que el estudio
proporcionara un panorama amplio del desarrollo futuro de las ciencias
agropecuarias en la Argentina y que centrara sus recomendaciones en lo
realizable en el futuro cercano por investigadores individuales y directivos de
instituciones de investigación. El trabajo se realizó en dos etapas. En la
primera, el presidente del comité (Henzell) visitó el país en noviembre de 2000
para planear la tarea con el grupo coordinador y para recopilar información
sobre los principales laboratorios, centros de investigación y universidades.
Con esos datos y sus impresiones definió, también en consulta con dicho grupo,
la fase principal de trabajo, que se llevó a cabo entre septiembre y noviembre
de 2001. Los miembros del comité fueron elegidos por su amplia experiencia
internacional en educación agropecuaria y administración de la investigación, y
por sus conocimientos particulares de las ciencias animales (Blake) y vegetales
(Powell), y del manejo de recursos naturales (Fereres).
Hay muchas maneras de clasificar la investigación,
pero casi todas establecen una diferencia entre investigación básica y
aplicada. La primera se realiza para avanzar en el conocimiento: resulta sobre
todo impulsada por la curiosidad. Lo importante es su propósito, porque a
menudo con el tiempo sus resultados han terminado siendo de gran valor práctico.
La investigación básica también es llamada pura o fundamental. Por contraste,
la investigación aplicada, muchas veces vista como orientada a cumplir con una
misión o realizada para resolver problemas, tiene un propósito explícito que
trasciende a la creación de conocimiento. Por definición, la investigación
agropecuaria es investigación aplicada: su propósito primordial es mejorar la
productividad y sustentabilidad de la agricultura. Sin embargo, la vitalidad de
la investigación agropecuaria depende fuertemente de los avances en disciplinas
que la apuntalan, como biología, química, física, matemática y otras. Se ha
beneficiado mucho en los últimos años con los adelantos de la biología
molecular y de la tecnología informática, que, a su vez, se apoyan en la
investigación básica en disciplinas como la bioquímica, la genética y la
ciencia de materiales.
En la práctica, la investigación agropecuaria cubre
un vasto espectro de actividades y se divide, con frecuencia, en estratégica y
táctica. La primera pone el énfasis en la búsqueda de la comprensión, y su
enfoque no difiere mucho del de la investigación básica. A diferencia de ella,
la segunda busca resolver problemas y se propone proporcionar respuestas o
soluciones específicas en condiciones de ser usadas por la industria. A pesar
de que se trata de un continuo, se puede decir que, por lo general, un proyecto
de investigación estratégica requiere ser seguido de, por lo menos, uno de
investigación táctica antes de que sus resultados puedan ser utilizados. Algunas
clasificaciones incluyen una tercera categoría, la investigación adaptativa,
que se refiere a la adaptación de nuevas prácticas a las condiciones
particulares de un establecimiento, o la modificación de equipos antes de
incorporarlos de pleno a una planta de procesamiento. La investigación
adaptativa es frecuentemente considerada parte de la extensión o la
transferencia tecnológica.
Tres indicadores muestran la importancia económica
del sector agropecuario en la Argentina: su contribución al PBI, su capacidad
de generar divisas y su facilidad de adaptarse a las circunstancias. El valor
de la producción agropecuaria en la tranquera de la explotación es, hoy por
hoy, del orden del 5% al 6% del PBI, y otro valor similar es agregado por el
procesamiento primario de oleaginosas, cultivos industriales y productos de
origen animal. En total, casi un 10% del PBI. Esa es una fracción algo mayor
que la correspondiente en otros países agrícolas, incluidos los EEUU y el
Canadá, los países de la Unión Europea, Australia y Nueva Zelandia.
El sector agropecuario es aún más importante en
materia de divisas, pues provee algo más de la mitad de los ingresos del país
por exportación. Los aceites vegetales conforman alrededor del 19% del valor de
las exportaciones agropecuarias; los cereales (principalmente trigo y maíz),
cerca del 16%, y la carne aproximadamente el 23% (antes de la reaparición de la
fiebre aftosa). En años recientes, la Argentina participó con más del 5% en el
valor de las exportaciones mundiales de cuatro productos: carne, maíz, aceite
de girasol y trigo.
Los últimos 40 años han visto enormes cambios en la
agricultura del país, en respuesta a transformaciones sociales, económicas y
agrícolas. Tal vez el mayor de ellos haya estado en la proporción de productos
agrícolas exportados. Mientras por un largo período, hasta fines de la década
de 1970, la contribución de la carne a las exportaciones agropecuarias fue
sensiblemente semejante a la de los productos agrícolas, la de estos creció
rápidamente y se acercó al 80% en 1982-1984. La posición de las carnes mejoró
en los años noventa: en 1999, junto con los lácteos estas llegaron a generar el
35% de los ingresos por exportaciones de origen agropecuario. En esos cuarenta
años también hubo cambios dentro de las principales categorías: así, las
exportaciones de carne vacuna y, últimamente, de leche crecieron más rápido que
las de carne ovina y lana. Las exportaciones de productos vegetales también variaron,
con el aumento de las oleaginosas (principalmente soja y girasol) y, hace menos
tiempo, el de algunos productos hortícolas, como papas procesadas. Otros
cambios notables incluyen el mayor uso de insumos comprados: el empleo de
fertilizantes creció del nivel relativamente bajo de 300.000 toneladas en 1990
al de 1,8 millones en 2000. La compra de semillas y de productos agroquímicos
se incrementó rápidamente, así como las inversiones, dentro de los
establecimientos, en equipo para manejar productos perecederos como la leche.
Entre 1990 y 1999, el uso de sustancias agroquímicas (especialmente herbicidas
empleados en la labranza mínima) aumentó a más del doble.
El sector forestal fue responsable del 1,8% del PBI
en 1993; algo más de la mitad de ese valor se originó en productos de bosques
nativos. En 1998 la contribución forestal había subido al 2,3%, debido a que
los bosques cultivados fueron uno de los sectores de mayor crecimiento de la
economía. La plantación de árboles había comenzado en los años setenta, pero
más de la mitad de la superficie fue forestada después de 1995, bajo el
estímulo de incentivos fiscales. Había alrededor de un millón de hectáreas de
forestaciones en 1998, sobre todo en la región mesopotámica, con un 50% de
coníferas, un 30% de eucaliptos y un 16% de álamos y especies relacionadas. La
manufactura de fibra y tablas aglomeradas creció rápidamente durante los años
noventa, y aumentaron las exportaciones de productos forestales diversos,
principalmente rollizos. Sin embargo, la Argentina es importadora neta de
productos forestales, principalmente papel, cartón y pulpa de madera.
Si bien las contribuciones relativas del sector
agropecuario argentino al PBI y al ingreso de divisas vienen disminuyendo desde
hace muchos años -la agricultura proporcionaba el 90% de las exportaciones a
comienzos del siglo XX- , no cabe duda de que continuarán siendo muy
importantes aún por mucho tiempo. Tampoco cabe duda de que el sector tendrá que
conservar su capacidad de respuesta a las cambiantes fuerzas del mercado. Ello
hace que la eficiencia de las ciencias agropecuarias argentinas sea asunto de
importancia nacional.
En su forma actual, el sistema de investigación
agropecuaria de la Argentina data de fines de la década de 1950. El INTA
(Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) fue fundado en 1956 y el
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), en 1958.
Este último apoya ciencias básicas y aplicadas, incluidas las agrarias. La
universidad pública también fue renovada por la misma época. Aunque agronomía y
veterinaria se enseñaron en las universidades argentinas desde principios del siglo
XX, solo en dicha década se reconoció formalmente su cometido en la
investigación. Por último, en 1996 se creó la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (ANPCyT), que otorga subsidios competitivamente. El
plan nacional de ciencia y tecnología 1998-2000 estimó que el gasto en
investigación agropecuaria en la Argentina alcanzaba al 0,4% del valor bruto de
la producción agropecuaria y agroindustrial del país. Este es un guarismo muy
bajo para una de las superpotencias agropecuarias del mundo. Alrededor de 1995,
la cifra correspondiente en los países menos desarrollados era, en promedio,
del 0,6%, y en los países industrializados, del 2,6%, mientras que los valores
alcanzaban al 0,8 y al 0,9% respectivamente en el Brasil y en Chile.
No hay estimaciones acerca de la inversión del
sector privado en investigación agropecuaria en la Argentina, aunque las
compañías de granos, especialmente las multinacionales, pueden estar gastando
unos US$15-20 millones por año. Los productores y procesadores prácticamente no
han invertido en este rubro. Por ejemplo, la investigación financiada por los
grupos CREA, que son asociaciones regionales de productores que emplean a sus
propios asesores técnicos y encomiendan investigación adaptativa, ha sido de
corto plazo y de naturaleza muy aplicada. Los contratos entre productores y el
INTA siempre han tenido por objeto la provisión de servicios y no verdaderas
colaboraciones de investigación y desarrollo. Sin embargo, los productores de
tomate de Mendoza crearon una asociación que financia investigación genuina, y
la industria del maní en Córdoba se organizó hace poco para establecer
prioridades de investigación y para financiarla mediante la contribución de un
dólar por tonelada del producto. Hubo intentos fallidos de crear un grupo de
investigación en girasol.
Hasta hace poco, la investigación forestal estaba
descuidada en la Argentina, pero ocurrieron dos cambios importantes durante la
década de 1990: (i) El Instituto Forestal Nacional (IFONA), responsable de administrar
subsidios y realizar tareas de investigación y extensión, fue suprimido, y se
estableció en el INTA un programa de investigación forestal mejor enfocado; y
(ii) en el marco de un proyecto del Banco Mundial, se otorgaron subsidios por
concurso a investigadores del INTA y de las universidades para realizar
investigación sobre bosques plantados. Antes, las grandes compañías forestales
habían creado un centro de investigación forestal (CIEF), pero resultó muy
difícil mantener su interés. Ahora, algunas tienen programas independientes de
investigación. Cuatro o cinco universidades la realizan en ciencias forestales
(afirmación que depende de cuánta ciencia de los recursos naturales esté
incluida en la definición de ciencia forestal).
La extensión se llevaba alrededor de un tercio del
presupuesto del INTA en 1984-86. En 2001, hasta el 60% de los gastos salariales
de la institución correspondía a actividades de extensión y a servicios, pero
esa proporción podría haber incluido a algunos investigadores cuya tarea se
veía dificultada por los constantes problemas financieros. Parte de la
extensión tiene financiación privada, por ejemplo, por los grupos CREA, que
trabajan exitosamente en la Argentina desde hace más de cuarenta años. Aunque
los miembros de esos grupos son en total unos 1300 en una población de unos
320.000 productores (50.000 de los cuales pueden ser considerados grandes), su
influencia es mucho mayor de lo que sugieren los números, especialmente en el
caso de cultivos como el girasol. La asociación que reúne a esos grupos,
llamada AACREA, celebra una conferencia técnica anual abierta a personas ajenas
a ellos, y existe una organización que de alguna forma deriva de estos, llamada
AAPRESID, creada para fomentar las prácticas de siembra directa. Además de los
productores que trabajan con el apoyo de AACREA y de AAPRESID, otros emplean
asesoramiento técnico mediante arreglos individuales con profesionales
independientes.
En las universidades nacionales hay veintisiete
escuelas de agronomía y ocho escuelas de veterinaria. Además, existen cinco
escuelas forestales o de recursos naturales. Actualmente, la educación
agropecuaria de postgrado en la Argentina tiene tres niveles: especialización,
maestrías y doctorados, pero los esfuerzos se han concentrado históricamente en
los estudios de maestría. Hay alrededor de cuarenta programas de maestría y
solo cuatro de doctorado. Los cursos de especialización se han multiplicado en
los últimos años. Esas especializaciones se parecen a los cursos de honores o a
los diplomas de postgrado de los países anglosajones más que a cursos
especiales del ciclo de grado, aunque a veces tienen alguna superposición con
estos.
Desde 1970, unos 780 estudiantes obtuvieron una
maestría, aunque el 60% (475) lo hizo durante la última década (1991-2000).
Esos 475 estudiantes fueron dirigidos por 262 profesores, es decir, el promedio
resultó de 1,81 tesis por profesor (el valor varió entre 1,08 y 2,34, según las
universidades). Solo 30 de los 262 profesores dirigieron cuatro o más tesis.
Las 475 maestrías fueron otorgadas por ocho universidades, pero alrededor del
50% de ellas correspondió a las de Buenos Aires y Mar del Plata. El número de
doctorados obtenidos fue mucho menor (17 conferidos por tres universidades), lo
que refleja el hecho de que son estudios mucho más recientes.
Las inversiones realizadas por la Argentina en
investigación agropecuaria desde que el sistema fue reestructurado en los años
50 dieron beneficios tan elevados como en el resto del mundo. Estimaciones ex
post de la rentabilidad de investigaciones efectuadas entre la década de 1960
(cuando se instauraron los programas del INTA de mejoramiento de cultivos) y
comienzos de la de 1990 demuestran valores de entre el 32% y el 49% anual en
trigo, maíz, girasol, algodón y papa. Ejemplos más recientes de investigación
altamente rentable probablemente incluyan la identificación de clones más
productivos de Eucalyptus grandis y los avances en el control del mal de Río
Cuarto del maíz.
El caso de la fiebre aftosa proporciona una
perversa ilustración de las grandes pérdidas económicas sufridas debido al
fracaso en resguardar los beneficios del control de la enfermedad obtenido por
la investigación argentina. Un especialista estimó que cuando se perdió el
estado de país 'libre de aftosa sin vacunación' se produjo, por lo menos, un
lucro cesante anual de unos 300 millones de dólares, por exportaciones de carne
omitidas. Esa pérdida no se debió a defectos en los instrumentos derivados de
la investigación (vacunas, diagnósticos, vigilancia epidemiológica), sino a que
falló la voluntad nacional de evitar la reaparición de la enfermedad.
El comité sospecha que durante la última década la
agricultura argentina se volvió más dependiente de tecnologías importadas. Ello
se advierte tanto en las variedades cultivadas o cultivares, sobre todo en las
de trigo, maíz, soja y papa (para procesamiento), como en las razas ganaderas,
por ejemplo, en la importación de semen para la inseminación artificial de
vacas lecheras. También se manifiesta en la tecnología de los productos
agroquímicos y de los fertilizantes utilizados para incrementar la producción.
La publicación de artículos en revistas
internacionales que practican la evaluación independiente de calidad de los
trabajos que reciben para incluir en sus páginas (o revistas con referato) no solo
es importante porque constituye el medio de contribuir al avance del
conocimiento. Es también el camino para que los científicos argentinos puedan
acceder a la academia invisible de los líderes globales de sus disciplinas.
Tales contactos, especialmente si se refuerzan con la asistencia a reuniones
científicas internacionales, no solo proveen la valiosa información que circula
entre los iniciados sino que también originan fructíferas colaboraciones.
El grupo coordinador encomendó un análisis de lo
publicado por los científicos argentinos del área agropecuaria durante el
período 1996-1998. La contribución de estos a literatura citada
internacionalmente fue muy variable y, en promedio, más bien baja. Más de la
mitad de los trabajos publicados por integrantes de facultades de agronomía, y
casi las tres cuartas partes de los de mayor repercusión (medida como se indica
en el informe que resume dicho análisis, transcripto más adelante con el título
de 'Análisis bibliográfico de la investigación agronómica en la Argentina'),
fueron producidos en tres de las veinticuatro universidades públicas (Buenos
Aires, La Plata y Mar del Plata). Aunque los científicos más productivos
publicaron a un ritmo destacable según los criterios internacionales, su
situación dista de ser típica. En promedio, la frecuencia con la que los
investigadores analizados en dicho informe sacaron un artículo (como primer
autor) fue de más de cinco años.
Hubo tanta variación en materia de publicaciones
internacionales entre los distintos centros del INTA como entre las
universidades. Tres de esos centros (Castelar, Balcarce y el IFFIVE de
Córdoba), sobre casi treinta, fueron responsables del 70% de los trabajos
tomados en cuenta en el análisis. Al interpretar estos resultados, debe
recordarse que muchos de los autores son simultáneamente parte del CONICET y de
una universidad o el INTA. El análisis no incluyó la sanidad animal, pero el
comité tuvo la impresión de que los investigadores de esa disciplina acreditan
una distinguida trayectoria de publicación de descubrimientos importantes en
revistas de calidad.
No existen datos comparables sobre la repercusión
de las publicaciones producidas con propósitos de extensión o divulgación. Sin
embargo, hay evidencias de que los investigadores del INTA, por ejemplo, hacen
numerosas presentaciones en congresos nacionales (como las reuniones bienales
de la Sociedad Argentina de Producción Animal), y que generan mucha literatura
de extensión. También publican considerable número de boletines y libros en los
que se expone el estado del conocimiento. Se señaló al comité que hay muy poca
información útil en los archivos del INTA que no haya sido publicada.
En las disciplinas examinadas, se advierten áreas
de notable rendimiento. Ellas son:
¨
En las ciencias animales, las técnicas de diagnóstico y
de preparación de vacunas para el control de la aftosa, y la adaptación de
conocimientos existentes para lograr mayor producción de carne y lácteos.
¨
En las ciencias de los cultivos, las prácticas de
manejo basadas en investigaciones avanzadas en ecofisiología, y el cultivo
convencional de granos como el trigo.
¨
En papas, la producción de tubérculos para semilla
basada en la multiplicación in vitro, la producción de semillas básicas en
áreas aisladas y el uso de la técnica ELISA para hacer análisis de virus (un
buen ejemplo de investigación agropecuaria multidisciplinaria con participación
pública y privada).
¨
En bosques plantados, la introducción y prueba de
especies y razas de Eucalyptus de distinta procedencia y el uso de modelos
matemáticos para integrar y aplicar conocimientos existentes sobre manejo.
¨
En recursos naturales, la creación de bases de datos
que incorporan información proveniente de viejos estudios sobre suelo y
vegetación y datos climatológicos más recientes.
Generalmente, los temas destacables se encontraron
en áreas en que la Argentina era ya fuerte hace diez o veinte años. Se halló
más visión estratégica en ciertas disciplinas como virología animal y de
plantas, reproducción animal, ecología y fisiología vegetal que en
investigaciones realizadas integrando diversas ciencias agropecuarias. Las
principales debilidades del sistema se encontraron en las áreas de
investigación que más cambiaron durante los últimos veinticinco años. Aunque se
hicieron grandes esfuerzos para promover esas nuevas áreas e introducir los
avances globales de la biotecnología, la bioinformática y otras tecnologías de
la información y los sensores remotos, hasta ahora el éxito ha sido muy
limitado. Los recursos financieros son escasos y están demasiado diseminados,
los investigadores jóvenes son pocos (debido a la incapacidad de reemplazar a
los retirados), la cantidad de científicos es insuficiente en número y
experiencia y los equipos interdisciplinarios son escasos. Ha sido muy desafortunado
para el país que los fondos públicos se hayan visto sometidos a creciente
presión durante estos años, y que los privados, salvo los de algunas empresas
internacionales, no se hayan hecho cargo del desafío.
La investigación sobre trigo es un caso
paradigmático. La Argentina tuvo un buen programa de trigo desde la década de
1920, y la producción fue en alza durante los últimos 80 años, aunque antes
había bajado. En 2001, la mitad del trigo sembrado en el país lo fue con
semilla de variedades certificadas; el resto, con semilla guardada por los
agricultores. El INTA, por medio de su agencia PRODUSEM, fue la fuente del 14%
de la semilla certificada, y tres compañías (Buck, Klein y Nidera) poseían algo
más del 80% del mercado. Sin embargo, esas empresas realizan muy poca
investigación estratégica en la Argentina. Se ocupan principalmente de
multiplicación tradicional y de emprender pruebas de campo, con alguna atención
a la calidad del pan. En el momento de recopilar los datos para este trabajo,
56 integrantes del personal técnico del INTA (equivalentes a 36 con dedicación
full-time, la mitad con título universitario de postgrado) investigaban sobre
trigo. Aunque ello podría considerarse una inversión muy modesta para una
industria tan importante, había algo más. Los 56 trabajaban principalmente en
reproducción convencional, manejo de cultivos (incluyendo fisiología vegetal) y
control de pestes, enfermedades y malezas; solo siete lo hacían en genética y
biología molecular. En Castelar se había comenzado a investigar sobre la base
genética de enfermedades micológicas, sobre estrés abiótico y sobre el uso de
marcadores moleculares en la multiplicación, y se instaló un laboratorio
dedicado al tema en la estación experimental más importante para la investigación
en trigo, Marcos Juárez. Pero no fue posible intensificar esa investigación en
los últimos tiempos.
No solo hay lagunas en los campos nuevos de
investigación. En ciencias forestales, por ejemplo, el comité percibió que
falta una estrategia industrial y que se pone insuficiente énfasis en realizar
investigación estratégica, la cual permitiría: (a) extraer el mayor valor
posible de inversiones recientes en plantaciones de especies exóticas, (b)
anticipar y en lo posible impedir los problemas que ponen en peligro la
sustentabilidad de esas plantaciones, y (c) obtener una comprensión básica del
cultivo de árboles exóticos en la Argentina y de los factores que determinan la
calidad del producto. Las peores amenazas a la sustentabilidad de las
plantaciones son las pestes y las enfermedades, más los problemas de fertilidad
de la tierra en futuras rotaciones.
Otra circunstancia que advirtió el comité es la
ausencia de lugares reconocidos de concentración y excelencia para los estudios
de las ramas agropecuarias examinadas. Recibió excelente información sobre
investigación relacionada con la industria ganadera, cereales, papa y
silvicultura, pero en el caso de grandes industrias (como la de la carne) tuvo
a menudo dificultades en identificar dónde estaban el principal interés y el
liderazgo nacional. Los objetivos de la investigación solían ser adecuadamente
descriptos, pero por lo general no quedaba claro cómo ella podía contribuir al
mejoramiento de la producción, o cuál podría ser su repercusión hacia adelante en
la cadena industrial. Era común la falta de claridad y de propósitos.
Existieron algunas excepciones en determinadas ramas pequeñas, como las del
tomate y el maní, y estaba poniéndose en foco el programa de la papa en el INTA
Balcarce y en las plantas procesadoras de la firma McCain.
En ausencia de enunciados claros de las prioridades
de los subsectores, el comité buscó evidencias de dichas prioridades en
recientes publicaciones, pero tampoco las encontró. Por ejemplo, en las tres
subdisciplinas de las ciencias animales que analizó, apenas algo más de la
mitad de los trabajos publicados por científicos del INTA tratan sobre bovinos.
El resto se refiere a ovinos, caprinos, equinos y camélidos. De la misma
manera, los trabajos del INTA relacionados con la silvicultura cubren un amplio
campo, desde la plantación de especies exóticas hasta la taxonomía y evolución
de árboles nativos. El estudio no examinó el cometido de las ciencias sociales
en la investigación agropecuaria argentina, pero quedó con la impresión de que
la economía agraria no tuvo hasta la fecha mayor injerencia en la definición de
las políticas públicas aplicables al sector o en la orientación de las
prioridades de investigación.
En muchos países industrializados, cómo se realiza
investigación agropecuaria, cómo se la financia y cómo se explotan sus
resultados han cambiado profundamente en los últimos veinticinco años. Con
respecto a cómo hacer investigación, aumentó el énfasis en establecer
prioridades que lleven a incrementar la efectividad, y en otorgar recursos
contra resultados mensurables. En la administración de la investigación, el
acento se desplazó del control de insumos al de resultados y repercusiones. La
agricultura y la investigación agropecuaria operan ahora en un medio mucho más
competitivo y cercano a la cultura empresaria, pero la creatividad, las ideas y
los conceptos continúan siendo lo esencial, pues la competitividad en la
agricultura depende cada vez más del uso inteligente de la información.
En cuanto a financiar la investigación, fuera de
los EEUU se han puesto incentivos para fomentar la cooperación entre distintos
participantes en los sistemas de investigación agropecuaria nacional,
especialmente entre las universidades y los centros gubernamentales de
investigación. En los EEUU la enseñanza, la investigación y las actividades de
extensión están bastante bien integradas, a pesar de lo cual se han otorgado
subsidios para alentar la cooperación entre estaciones experimentales de
distintos estados. En los países desarrollados han crecido velozmente las
alianzas entre los sectores público y privado. Tal vez el mayor de los cambios
se haya producido en la inversión privada. Creció mucho entre 1981 y 1995:
hacia este último año financiaba algo más de la mitad de la investigación
agropecuaria hecha en esos países. El mejoramiento de cultivos, en particular,
se ha convertido en buena ciencia y en un gran negocio. Sin embargo, la
situación sigue cambiante, con algún incremento reciente, en Europa, de los
dineros públicos destinados a la investigación de cultivos.
La inversión del sector privado ha modificado la
manera de utilizar los hallazgos de la investigación. En el pasado se los
trataba como bienes públicos, ya que eran producto del sector público y
financiados con dinero del contribuyente. Ahora, el apoyo oficial está cada vez
más restringido a investigaciones cuyos resultados no son pasibles de
apropiación privada (típicamente, la básica y la relacionada con conservación
de la biodiversidad y protección del ambiente). El sector privado busca el
retorno de su inversión, cosa que logra, por ejemplo, mediante la venta de la
propiedad intelectual incluida en nuevos cultivares. Los científicos
agropecuarios argentinos conocen muy bien los cambios que se están produciendo
en otros países, pero el sistema argentino aún no ha respondido adecuadamente.
Además, muchos de los procedimientos son frustrantemente burocráticos e impiden
ejercer la flexibilidad necesaria para hacer buen uso de recursos escasos.
La mayoría de los productores agropecuarios
argentinos demostró que puede aceptar nuevas tecnologías sin demoras. Esto se
puso de manifiesto, durante la década de 1990, en el rápido incremento del uso
de fertilizantes, en la adopción de las prácticas de labranza mínima, en la
siembra de soja genéticamente modificada en los EEUU y en la difusión de una
variedad francesa de trigo. El mérito es tanto de los agricultores como del
servicio de extensión del INTA, sin perjuicio de que los técnicos de las
empresas químicas y cerealeras y los asesores de los productores también hayan
ejercido una influencia importante.
En los últimos años, se implantó en la Argentina un
sistema de acreditación de grados universitarios basado en criterios
internacionales de calidad, que administra la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria, CONEAU. Si una universidad solicita y obtiene la
acreditación de un programa de postgrado, este es clasificado en una de tres
categorías: A (excelente), B (muy bueno) y C (bueno). Aunque la clasificación
resultante es utilizada por el CONICET para otorgar subsidios, no influye en
los niveles de financiación de los programas de postgrado. En promedio, el 27%
de los programas de diferentes disciplinas y universidades que piden acreditación
no la obtienen. La proporción de rechazos es mucho menor (alrededor del 5%) en
la ciencias agropecuarias, lo que indica mayor calidad relativa entre los
programas de postgrado de las universidades argentinas.
En los últimos tiempos, las mejores universidades
del país han organizado programas de postgrado de alta calidad según criterios
internacionales, pero en el conjunto perduran cuatro debilidades
significativas. Primero, la proporción de doctorados es relativamente baja en
comparación con otras naciones agropecuarias líderes; segundo, más de la mitad
de las facultades de agronomía ni siquiera otorgan maestrías; tercero, los
postgrados orientados a la investigación llevan demasiado tiempo, y cuarto, no
hay supervisores formados en muchas subdisciplinas.
El grado más alto que se puede obtener en muchas de
las facultades de agronomía argentinas que tienen programas de postgrado es la
maestría, que tiene serias limitaciones como formación para la investigación de
alto nivel. Se sostuvo en algunos casos que el número y calidad de las
publicaciones que resultan de algunas tesis de maestría las hacen equivalentes
a las de doctorado de otros países. Aunque esto pueda haber sido cierto en
algún caso aislado, hay evidencia de que no es así en la mayoría de las
maestrías obtenidas en el pasado y el presente. Por otra parte, también hay
evidencia de que, a menudo, las maestrías resultan demasiado académicas y, por
ello, no son de mucha utilidad para estudiantes orientados hacia el mundo
comercial y con intenciones de desempeñarse en el sector privado. No obstante,
hay algunas más recientes mejor adaptadas a las necesidades de esos
estudiantes, por ejemplo en administración agropecuaria.
Es muy probable que haya una importante pérdida de
talentos en el país, debido a que muchos estudiantes con la habilidad y el
deseo de dedicarse a la investigación agropecuaria no tienen oportunidad de
hacerlo. La única alternativa para los graduados del importante número de
universidades que carecen de programas de maestría o de doctorado, o de las que
no tienen supervisores adecuados, es mudarse a una que los tenga o irse al
extranjero. Muchos no se lo pueden permitir. Ello es preocupante porque las
necesidades profesionales futuras de recursos humanos calificados para actuar en
un medio que se hace cada vez más competitivo van quedando comprometidas, y
porque se limita la posibilidad de los jóvenes de expresar su potencial, ya sea
que elijan finalmente trabajar en el país o en el extranjero.
La otra debilidad del sistema es el tiempo que
lleva completar los estudios, sobre todo las maestrías, en comparación con
patrones internacionales. Por ejemplo, en una de las mejores universidades
argentinas estas llevan unos 3,5 años en los programas más fuertes y unos 5
años en los más débiles. En los EEUU, los estudiantes de maestrías en ciencias
agropecuarias las obtienen en algo más de dos años (unos 28 meses). En cuanto a
la duración de los doctorados, es tal vez muy pronto para emitir un juicio. Hay
evidencias de una duración de 5,5 años en un grupo, que tiene el propósito de
acortarlos en el futuro. La comparación con los EEUU no es demasiado apropiada,
porque allí los estudiantes pasan primero por la maestría y luego suelen llegar
al doctorado en entre 3,5 y 4 años. En muchos países en que los estudiantes van
directamente al doctorado, lo habitual suele ser que lo terminen (si su
dedicación a los estudios es completa) en cuatro a cinco años. De cualquier
modo, todo depende tanto de la calidad de los estudios de grado, que el comité
no desea emitir opiniones terminantes. No hay duda, sin embargo, de que existen
estudiantes argentinos a los que les lleva demasiado tiempo completar los
estudios de postgrado, con la consecuencia de que su educación es menos
eficiente de lo que podría ser.
Una de las cuestiones más frecuentemente
mencionadas durante las visitas que efectuó el comité fue la continua reducción
del financiamiento estatal desde alrededor de 1980. Sus consecuencias se
advierten en el escaso reclutamiento, en los últimos años, de jóvenes doctores
(ya sea formados en el país o el extranjero), en la escasez de dinero para
gastos operativos y para equipamiento, y en las demoras en comenzar
prometedoras líneas de investigación. También es una consecuencia de lo
anterior el muy limitado apoyo institucional para visitar centros académicos de
otros países y para asistir a reuniones científicas. Los investigadores
argentinos han sido muy creativos para encontrar recursos que les permitieran
participar en reuniones internacionales, pero con frecuencia han tenido que
pagar buena parte de los gastos de su bolsillo.
Ciertas instituciones públicas, como el INTA, han
obtenido algunos ingresos de la venta de servicios al sector privado y luego
los han usado para financiar investigación. Aunque esos recursos sean
invalorables para seguir con la investigación, no hay razón por la que las
empresas deban recibir esos servicios del sector público a precios que, se
sospecha, están altamente subsidiados. Además, la práctica tiende a
distorsionar el sistema de prioridades y es muy difícil de controlar, pues no
hay garantías de que los grupos que despliegan más iniciativa comercial y
producen los servicios más demandados sean los que realizan investigación de la
más alta prioridad nacional. Si bien la causa inmediata del problema financiero
ha sido la estrechez presupuestaria de las instituciones públicas, deben
señalarse otras dos cuestiones fundamentales: el uso ineficiente de los
recursos de que aún dispone el sector público y el bajo nivel de inversión del
sector privado.
Las instituciones públicas de investigación ven
innecesariamente agravadas sus dificultades financieras por su incapacidad de
redistribuir los recursos hacia las áreas de mayor prioridad, por su inoperancia
para definir prioridades y por su aparente imposibilidad de concentrar los
esfuerzos. Una gran proporción del dinero asignado al INTA, a los institutos
relacionados con el CONICET y a las universidades nacionales está comprometida
para pagar los salarios del personal. Se afirma que en algunos casos esa
proporción es de más del 90%. El comité estimó que podría alcanzar al 80-85%
para todo el sistema. En otros países, un 60-70% es considerado aceptable para
programas de investigación agropecuaria. En la Argentina, los esfuerzos por
reducir el personal con medidas como incentivos para quienes deseen retirarse o
jubilarse por anticipado no fueron lo suficientemente exitosos como para
remediar el desequilibrio. Por otro lado, algunas instituciones, como ciertas
estaciones del INTA y facultades, ocupan terrenos muy valiosos. Son ricas en
activo fijo y pobres en dinero. Aunque al parecer en algún momento se consideró
la conveniencia de vender una parte de esas propiedades, la dificultad reside
-según las opiniones que recogió el comité- en que posiblemente el destino del
dinero obtenido escape al control de las autoridades de los institutos de
investigación y, por ende, no termine favoreciendo a esta. Tal convicción
constituye un poderoso obstáculo en el camino del uso más eficiente de recursos
escasos.
Una de las consecuencias más lamentables del uso
inflexible de los recursos por las instituciones públicas es que, en los
últimos años, estas han podido reclutar muy pocos científicos jóvenes del nivel
postdoctoral. Como esos investigadores prácticamente carecen de otra opción de
empleo profesional en la Argentina, este hecho quita atractivo a las ciencias
agropecuarias como carrera contemplada por los estudiantes (sin embargo, los
niveles de admisión aún no parecen haber caído demasiado). En un plazo algo
mayor, esto amenaza la viabilidad del sistema. Hoy, muchos de los más valiosos
científicos agropecuarios de las instituciones públicas rondan los 50 años;
dentro de unos diez años comenzarán a retirarse o a reducir su actividad. A
menos que el reclutamiento comience pronto, grandes secciones del sistema
podrían simplemente desaparecer.
Ante el problema de la escasez de recursos para la
docencia y la investigación, algo que sin duda afectaba al sistema argentino en
el momento de realizarse esta evaluación, la respuesta racional consiste en una
cuidadosa asignación de los medios disponibles. Pero los procesos de
planeamiento estratégico y de definición de prioridades tienen escasa vigencia
en el INTA, el CONICET y las universidades. Casi no hay datos sobre los
objetivos precisos del 80 o 90% del gasto que se destina a salarios y es
difícil discernir con claridad algún sentido de dirección o un propósito
nacional en los temas de los artículos científicos publicados por los
investigadores. Los objetivos de investigación de muchos de los institutos
visitados no parecen consistir en otra cosa que la suma en las agendas
académicas personales de cada científico.
En su momento se establecieron prioridades para los
subsidios que otorgó por concurso la ANPCyT, alineadas con las definidas por el
plan nacional 1998-2000, pero el proceso que dio lugar a este pudo no haber
sido bien comprendido y era claramente rechazado por la mayoría de los
científicos y académicos consultados por el comité. De todos modos, la tarea
debe de haber sido excepcionalmente difícil para la investigación agropecuaria,
pues se carece de la información esencial sobre la asignación actual de
recursos (que la Agencia trataba de cambiar marginalmente mediante sus
asignaciones) y sobre los objetivos estratégicos de los grandes sectores de la
industria. Muchos informantes opinaron que se habían otorgado subsidios a
proyectos débiles en áreas de alta prioridad, cuando hubiera sido más lógico
fortalecer primero la capacidad de esas áreas.
Algunas de las debilidades del sistema actual
parecían ser consecuencia de su estructura. Los científicos más competentes y
motivados que el comité conoció estaban frecuentemente aislados entre ellos,
tanto geográfica como institucionalmente. Aunque se encontraron también
carencias importantes en algunas áreas disciplinarias, la eficiencia del
sistema se ve comprometida por la fragmentación del esfuerzo.
Hay indudablemente mucha historia detrás de la
actual estructura. El INTA fue aparentemente descentralizado para cubrir las
necesidades de extensión y de investigación aplicada en tiempos anteriores a la
comunicación electrónica y a los servicios aéreos frecuentes. Los intereses
provinciales pueden haber influido en lo anterior, y sin duda lo hicieron en la
creación de un gran número de facultades de agronomía en un país del tamaño de
la Argentina. Tanto en el INTA como en las facultades de agronomía, la
fragmentación en numerosos centros no solo obliga a una excesiva dispersión de
los escasos recursos; también dificulta la construcción de las colaboraciones
interdisciplinarias, esenciales para el éxito de las ciencias agropecuarias
modernas. Aun en la investigación ganadera, en la que el INTA es relativamente
fuerte, las listas de personal muestran unos 250 científicos formados
(incluyendo a los dedicados a investigación en forraje y praderas), pero solo
el 20% está en Balcarce, el centro más fuerte.
El comité no recomienda emprender en este momento
una reestructuración de las instituciones públicas argentinas de investigación
agropecuaria, porque sería demasiado costoso y perturbador. Aconseja, en
cambio, poner en marcha un programa de subsidios otorgados competitivamente con
el objetivo preciso de crear nuevas formas de colaboración entre las
estructuras existentes.
En contraste con los fuertes cambios producidos en
otros países, el sector privado de la Argentina ha invertido muy poco en
investigación agropecuaria, y únicamente en el extremo muy aplicado, de muy
corto plazo del espectro. Hay probablemente fallas en ambos lados de la línea
divisoria entre la ciencia y la industria. Muchos integrantes del sector
privado entrevistados por el comité no parecían estar al tanto de:
¨
El creciente cometido de la ciencia y la tecnología
como determinantes de competitividad en el comercio mundial.
¨
Las altas tasas de rentabilidad de las inversiones en
investigación agropecuaria, y de que muchos de sus beneficios recaen de forma
directa en productores y procesadores.
¨
La creciente aplicación por parte de los gobiernos del
principio de que los beneficiarios privados de la investigación deben pagar la
parte de los costos que les corresponda.
Uno de los aspectos más sorprendentes del estudio
fue la actitud desfavorable, casi hostil, de algunos productores y procesadores
agropecuarios argentinos (no de las multinacionales que operan en el país) para
con los esfuerzos de investigación agronómica. Esa actitud se manifestó en
falta de interés por los problemas financieros que aquejan a la educación y la
investigación agropecuarias, y en la creencia de que podrán conseguir en el
extranjero, presuntamente a mínimo costo, toda la tecnología que necesiten en
el futuro. Cuando se admitió la eventual necesidad de investigación local, se
la consideró responsabilidad del gobierno, no de la industria. Fue sorprendente
que no se mencionaran las iniciativas tomadas por otros países sudamericanos
para disminuir la dependencia de los sistemas de investigación agropecuaria de
los recursos públicos. En Chile, por ejemplo, los subsidios a la investigación
otorgados por procedimientos competitivos, financiados de manera conjunta por
los sectores público y privado, datan de 1976.
En cuanto a la otra parte, muchos de los
científicos no entienden bien la cadena industrial a la que su trabajo se
dirige, ni la dura disciplina que imponen los mercados. El comité sacó la
impresión de que los académicos no han sido capaces de presentar propuestas de
investigación a gerentes privados en términos que estos encuentren convincentes.
No las han enfocado en los temas de mayor prioridad para la industria. En otras
palabras, el sistema científico no ha respondido cabalmente a las nuevas
circunstancias políticas, económicas e institucionales de las décadas de 1980 y
1990.
La cuestión más importante en la educación de
postgrado en las principales universidades es completar la transición del viejo
sistema, que culminaba en maestrías, al nuevo, que culmina tanto en maestrías
como en doctorados. Una de las dificultades parece haber residido en la
necesidad de diferenciar las nuevas maestrías tanto de las viejas como de los
doctorados. También parece haber surgido resistencia de parte de los poseedores
de viejas maestrías, ante el temor de verlas devaluadas. Seguramente algunos de
estos han sido tan productivos en docencia e investigación como quienes
tuvieron la oportunidad de acceder al doctorado, pero la forma de salvaguardar
sus intereses no es volver a escribir la historia (diciendo que el viejo grado
era equivalente a un doctorado), sino permitirles llegar al grado doctoral
principalmente sobre la base del trabajo realizado, según lo acrediten sus
publicaciones. Aparentemente, esta opción no está disponible aún.
Otra limitación importante es la escasa cantidad de
profesores calificados para dirigir y examinar tesis doctorales en ciencias
agropecuarias. Incluso aquellos que formalmente lo estarían no siempre han
enfatizado la importancia de que los estudiantes doctorales demuestren
capacidad para la investigación independiente. Durante las décadas de 1970 y de
1980, el INTA se preocupaba más por la educación de postgrado. Apoyó
activamente los programas de maestría de las universidades de Buenos Aires, La
Plata y Mar del Plata e invirtió fuertemente en entrenamiento de postgrado de su
personal en el extranjero. El comité entrevistó a algunos científicos del INTA
con las calificaciones y la experiencia necesarias para supervisar a
estudiantes de postgrado, quienes manifestaron interés por tener más de tales
estudiantes en sus grupos de investigación, pero señalaron como obstáculo la
falta de contrapartes en universidades locales (en especial, en casos de
estaciones experimentales alejadas de la universidades mayores).
Se requiere también una definición más clara de los
cometidos y responsabilidades de los científicos que se desempeñan en el sector
público (universidades, INTA, CONICET) y en laboratorios privados para que
puedan hacer una óptima contribución a la supervisión de estudiantes de
postgrado. Tanto los estándares académicos como los intereses de los
estudiantes deben ser salvaguardados. Es necesario resistir la tentación de
considerar a los estudiantes de postgrado como mano de obra barata.
La escasez de dinero estatal ha dificultado que las
universidades pudieran reclutar investigadores con la experiencia y las
calificaciones necesarias para supervisar doctorandos. También ha entorpecido
la normal financiación de estos estudiantes. El número de becas ofrecidas para
estudios de postgrado en ciencias agropecuarias es muy bajo en relación con las
necesidades futuras de la agricultura en el país. El fin del programa FOMEC
(con financiación del Banco Mundial) afecta de manera importante el costear
becas y otras actividades de postgrado. Es imperativo encontrar otra fuente de
aportes tan pronto como sea posible.
A pesar de las severas restricciones y de los
enormes desafíos que presenta el futuro inmediato, el comité encontró estímulo en
varios aspectos muy positivos, en especial la habilidad de la gente. En cada
institución (universidades, INTA, institutos del CONICET) y en cada disciplina
agropecuaria hay investigadores y académicos competentes, que están logrando
excelencia a pesar de todas las dificultades. Lo que se realiza con mínimos
recursos (incluso salarios inadecuados) es en extremo impresionante. Los
entrevistados fueron francos sobre las deficiencias actuales sin ser desleales
para con sus instituciones. Manifestaron mayoritario acuerdo con la necesidad
del cambio y obvios deseos de mejorar las perspectivas del país. Pero también
fueron muy cautos, probablemente debido a pasadas desilusiones. A pesar de la
falta de oportunidades laborales, un importante número de estudiantes inteligentes
y motivados continúa eligiendo las ciencias agropecuarias en las universidades
argentinas.
La visión del comité sobre el futuro de la
agricultura argentina en el largo plazo es optimista, siempre que el país pueda
sacar provecho no de una sino de dos ventajas competitivas a las que puede
acceder. La primera es la ya conocida de tener algunas de las mejores tierras
cultivables del mundo (cuyas características no se mantendrán si no se cuidan).
La segunda es apoyarse en la educación y la investigación. Esta estrategia de
caminar sobre dos piernas en lugar de una necesita:
¨
Cubrir toda la cadena industrial, desde la producción
al marketing, y tener en cuenta, apropiadamente, la sustentabilidad.
¨
Asignar los escasos recursos a las áreas que ofrezcan
los mayores beneficios sociales y económicos al país.
¨
Manejar las fuentes nacionales e internacionales de
innovación agropecuaria con sentido del interés nacional.
¨
Proveer a los investigadores y académicos más
productivos de recursos suficientes y de la estabilidad que requieren para
trabajar.
¨
Entrenar a los estudiantes de postgrado según los
mejores estándares internacionales y ofrecer carreras gratificantes a los
científicos jóvenes con formación superior.
¨
Usar prácticas gerenciales modernas que recompensen la
creatividad y los resultados.
¨
Recibir fuerte apoyo del sector privado, con buena
comprensión de su parte del bien público y de los beneficios privados de la
educación y la investigación agropecuarias, y la disposición de invertir dinero
en esas actividades.
El comité admite que será muy difícil hacer los
profundos cambios necesarios en instituciones de investigación agropecuaria que
son relativamente maduras y conservadoras. No se los puede lograr solo por la
exhortación. El dinero es el único instrumento efectivo, sobre todo si se lo
distribuye en forma competitiva. El comité está convencido de que, a pesar de
todos los recortes, hay suficientes recursos financieros en el sistema como
para lograr resultados mucho mejores, pero para ello se necesita usarlos
adecuadamente. Al mismo tiempo, podría hacerse mucho más para incrementar la
inversión privada. Específicamente, el comité recomienda la creación de un
nuevo fondo para apoyar la educación superior y la investigación agropecuarias
en la Argentina.
En esencia, el comité propone la creación de un
fondo que opere sobre muchos de los principios ya probados por la fundación Antorchas
en materia de apoyo a la ciencia y la tecnología: un consejo directivo pequeño,
independiente y no remunerado; una dirección ejecutiva profesional con completa
libertad de gestión; la asignación de subsidios por concursos evaluados
siguiendo las mejores prácticas internacionales del 'juicio de los pares'; una
administración pequeña con el mínimo de controles burocráticos compatibles con
asegurar probidad en el uso del dinero, y una mentalidad innovadora para
encauzar la investigación científica y tecnológica en la dirección del
desarrollo nacional. El comité recomienda que la fundación Antorchas y otras
instituciones promuevan una suscripción inicial del fondo por US$100.000 por
año durante diez años, y que esas mismas entidades contribuyan a buscar
contribuciones adicionales por cinco veces esa cantidad. El objetivo del fondo
no es financiar de manera total la formación superior y la investigación
agropecuarias en el país, sino actuar como promotor y catalizador de
asignaciones tanto del sector público como del privado, y facilitar la
colaboración entre estos. Además de apoyar la calidad en las ciencias
agropecuarias, el fondo debería promover:
¨
Mayor inversión privada en investigación.
¨
El establecimiento de prioridades para esta de forma
efectiva.
¨
Investigación más vigorosa.
¨
Mejor comprensión del manejo de los recursos naturales.
¨
Permanente discusión de las políticas de investigación.
Algunos de los subsidios deberían dirigirse a
fomentar trabajo interdisciplinario entre científicos de distintas partes del
sistema (e internacionalmente). El cometido esencial de tal trabajo en las
ciencias agropecuarias modernas ya fue mencionado más atrás. El comité también
cree que el fondo cumpliría una función importante al promover el liderazgo en
la investigación. Sería importante ayudar a que los científicos que muestren
potencial de liderazgo puedan cultivar las habilidades necesarias para
ejercerlo, sin descuidar sus tareas docentes y de investigación. Con el tiempo,
serían los directivos de que el sistema está hoy escaso. Para ello es
importante organizar cursos cortos que les permitan compartir su experiencia, y
otorgarles becas de viaje para conocer las prácticas gerenciales de los centros
más destacados de investigación agropecuaria de otros países. Tales becas
tienen que reservarse para quienes estén activos en la investigación y no
destinarse a administradores. La buena solución es que tomen la forma de cortas
pasantías en contacto directo con la dirección de los mencionados centros
extranjeros.
En los últimos años la financiación privada de
investigación agropecuaria ha aumentado notablemente en los países
industrializados. Hay urgente necesidad de que lo mismo pase en la Argentina,
incrementada por los actuales problemas financieros del Estado. Pero ello
requeriría un cambio cultural en la industria con respecto a la investigación
agropecuaria. Algo que ayudaría a transformar esa cultura sería un proceso de
aprendizaje recíproco entre los empresarios y los científicos, que incluiría la
comprensión del cometido presente de la ciencia y la tecnología en la
competitividad agropecuaria, la cambiante función del sector privado en la
investigación agropecuaria en los distintos países y los consecuentes cambios
en la protección de la propiedad intelectual. También se necesitarían un marco
legislativo y las correspondientes acciones administrativas que incentiven la
inversión privada, protejan la propiedad intelectual y brinden al negocio
agropecuario condiciones económicas por lo menos tan favorables como las
vigentes en los países competidores, por ejemplo, para facilitar las
inversiones realizadas en asociación por productores agropecuarios y
procesadores de productos agrícolas.
Hay, en otras partes del mundo, muchas buenas
experiencias de financiación de investigación agropecuaria por medio de
contribuciones de la industria, algunas que datan de hace cien años, como
ciertos casos de agricultura de plantación del tipo de la caña de azúcar. Hay
también varios ejemplos recientes, como el francés, que reunió unos US$128
millones para investigación agropecuaria en 1996. Es esencial que el mecanismo
usado para recaudar dinero para investigación sea más eficiente que el
tradicional cobro de impuestos. Algunos esquemas muy efectivos juntan los
fondos en el punto de procesamiento. El sistema francés combina una
contribución fija por establecimiento con sumas por producto. Se requiere un
marco legislativo para impedir que haya quienes reciban los beneficios de la
investigación sin contribuir a pagar su costo (free-riders o 'colados'), ya que
muchas innovaciones agropecuarias (como nuevas variedades no híbridas de
cultivos o procedimientos agrícolas mejorados) se difunden rápidamente sin que
se lo pueda impedir. Varios gobiernos latinoamericanos, con el apoyo de agricultores
progresistas, han sancionado legislación que permite recaudar dinero entre los
productores para financiar la investigación.
Sin embargo, esa clase de contribuciones para un
fin específico nunca fue popular en América Latina, porque resultó común que el
dinero se gastara sin el control del productor. En la Argentina está el caso
del impuesto a las exportaciones agropecuarias para financiar el INTA. Para
enterrar este fantasma del pasado y lograr que el país movilice la financiación
privada que el sector tan urgentemente necesita, tiene que llegarse a una
genuina participación en el manejo de los recursos por parte de la industria y
la comunidad científica. Si los productores rurales pagan, deben intervenir en
todas las etapas de la investigación: la fijación de prioridades, la asignación
de los recursos, el control del trabajo y, finalmente, las decisiones sobre
propiedad intelectual y uso práctico de los resultados. Debe lograrse la
colaboración entre productores y procesadores, que enfrentan los problemas
(aunque no comprendan sus causas), y los científicos que saben si se trata de
cuestiones investigables. Una buena gestión puede facilitar,
significativamente, que tengan lugar esas colaboraciones.
El fondo propuesto podría ayudar, por lo menos, de
dos maneras. Primero, posibilitaría financiar estudios (y divulgar sus
resultados) sobre el papel que la ciencia y la tecnología han tenido en el
desarrollo reciente de grandes sectores de la agricultura argentina, y el que
podrían desempeñar en posibles escenarios futuros. Al identificar cruciales
cuestiones científicas y tecnológicas, y fundamentar la necesidad de
encararlas, esos estudios proporcionarían fuertes argumentos en favor de una
mayor inversión por parte de la industria. Segundo, el fondo podría ofrecer
apoyo a quienes hubiesen acordado colaboraciones entre la academia y la
industria, para que puedan aprender de experiencias similares en otros países.
Sería bueno que productores y científicos viajaran juntos con ese propósito.
Las prioridades más altas para la inversión por
parte de la industria se encontrarán muy probablemente en aquellas áreas para
las que no hay soluciones importadas y, en general, para lograr acceso a
información y materiales extranjeros que no sean del dominio público. Las soluciones
importadas difícilmente resuelvan problemas de pestes, enfermedades y
limitaciones climáticas o del suelo propias de la Argentina o más frecuentes en
ella. A menos que haya capacidad científica local para elucidar y resolver esos
problemas, es improbable que se los trate adecuadamente. Un buen ejemplo de la
necesidad de investigación local es el mal de Río Cuarto, en el maíz. Además,
las tecnologías importadas pueden no ser adecuadas para los mercados
argentinos. Hay evidencias de ello en la reciente experiencia con una variedad
de trigo ampliamente sembrada.
Aun si la tecnología importada es la mejor opción,
no hay seguridad de poder acceder a ella. En algunos casos, la Argentina
necesita tener la capacidad tecnológica de participar en consorcios internacionales
que trabajen en áreas avanzadas y muy costosas de investigación (como la
genómica) para tener temprano acceso a los descubrimientos. En otros casos,
para negociar satisfactorias licencias para el uso de determinadas tecnologías
es necesario tener una fuerte capacidad técnica y comercial. También puede ser
necesario realizar alguna inversión para acceder a nuevos productos cuyo
mercado argentino sea demasiado pequeño (por lo menos al principio) para atraer
interés comercial.
Una prioridad obvia es la investigación de aquellos
cultivos que sean más importantes para la Argentina que para el resto del
mundo, como el girasol. Esos casos se harán más comunes a medida que se
conquisten mercados de productos frutícolas, como el reciente del limón de exportación.
El país deberá convertirse en un líder mundial en investigación en esos
productos, para poder asegurarse una ventaja comercial permanente.
Las mejores perspectivas de lograr una mayor
participación del sector privado pueden no estar, en el corto plazo, en la
investigación sino en la extensión. Si las experiencias de AACREA y de AAPRESID
pudieran aplicarse más ampliamente, el INTA podría dejar gran parte de la
investigación adaptativa y el asesoramiento individual en manos del sector
privado, y reducir la alta proporción de personal que dedica a ellos. Podría
centrar sus esfuerzos en la comunicación técnica de mayor nivel, realizada
mediante los últimos avances tecnológicos y con un número pequeño de
especialistas que dominen tanto los temas como los medios de comunicación.
Será casi imposible fortalecer la investigación
agropecuaria en la Argentina sin un mejor procedimiento para establecer
prioridades. Aun cuando se resuelvan las dificultades financieras, el país no
podrá afrontar la inversión requerida para cubrir en profundidad todo el
espectro de productos agropecuarios y el manejo de los recursos naturales.
Tendrá que elegir. Será necesario acordar prioridades para cada uno de los
productos centrales de la agricultura argentina, incluso sus oportunidades
futuras, especialmente aquellos con mayor potencial exportador.
En los últimos tiempos, en otros sistemas de
investigación agropecuaria se han aplicado los principios económicos del
análisis de beneficio-costo a la labor de establecer prioridades. Lo último se
debe hacer de la forma más simple posible para favorecer la transparencia.
Muchas veces, el punto de partida ha sido estimar los beneficios potenciales de
las distintas categorías de investigación; por ejemplo, la practicada en distintos
productos. Las relaciones de beneficio-costo se pueden calcular cuando se
asignan los fondos a los programas o proyectos.
Afortunadamente, porque la teoría es muy compleja,
existen aproximaciones útiles para estimar los beneficios económicos potenciales.
Por ejemplo, para analizar la rentabilidad de la investigación de un producto
agropecuario determinado, se puede estimar el beneficio económico multiplicando
el valor de la producción del producto por (a) la reducción estimada de los
costos de producción o el incremento del rendimiento que se esperan lograr con
los resultados de la investigación, (b) la probabilidad estimada de lograr esos
éxitos (sobre la base de suposiciones realistas acerca de la disponibilidad de
recursos y la incertidumbre propia de la investigación original), y (c) la
proporción de productores que adoptarían la nueva tecnología.
El valor de estas estimaciones depende críticamente
de la calidad de la información usada por quienes las realizan. Los informes
preparados para este estudio demostraron que, mientras que la información
estadística básica está disponible en la Argentina, los datos que contiene no
fueron reunidos de modo sistemático ni analizados para que sirvan de fundamento
a la toma de decisiones. Tienen también lagunas importantes, como lo referente
a:
¨ El
alcance de innovaciones tecnológicas que puedan hacerse a lo largo de varios
puntos de la cadena producción-procesamiento-comercialización para reducir
costos o mejorar la productividad.
¨ Las
principales formas de innovación tecnológica adoptadas por las diferentes ramas
agropecuarias en los últimos años, sus fuentes (investigación local o externa)
y sus ventajas e inconvenientes.
¨ La
capacidad nacional de investigación y transferencia tecnológica.
El fondo propuesto podría contribuir a que esos
indicadores tecnológicos reciban más atención en el futuro. Ya hubo un valioso
progreso como resultado de los análisis de diez cadenas agroalimentarias del
país por la FAUBA. El comité también analizó resultados de un estudio económico
de la industria láctea que contenía datos sobre su competitividad. Los
empresarios e inversores necesitan poseer este tipo de información y deben
participar en el proceso de obtenerla para sentirse comprometidos con los
resultados. La descripción de los métodos usados por la secretaría de Ciencia y
Tecnología para preparar el plan 1998-2000 sugiere que la industria tuvo escasa
participación en él. Hay técnicas que permiten interesar a los productores,
procesadores y comerciantes e incorporar sus criterios, sin confundirlos con la
ciencia. Es posible definir un procedimiento para establecer prioridades
nacionales que incluya a los principales interesados, que se mantenga
independiente de estrechos intereses sectoriales y que asegure un amplio apoyo
de los resultados.
La capacidad de los programas de educación
académica de postgrado en ciencias agropecuarias debería incrementarse, siempre
que se mantengan vigentes los estándares internacionales de calidad. Sería una
tragedia para el sistema que los grados locales, especialmente los doctorados,
fueran vistos como alternativas fáciles en comparación con similares
extranjeros. Hoy el principal factor limitante parece residir en la
insuficiencia de profesores calificados en las universidades. Por esta razón, muchos
graduados están perdiendo la oportunidad de ingresar en la investigación
agropecuaria. Hay, por otro lado, científicos competentes en laboratorios
gubernamentales y, cada vez más, en la empresa privada que podrían actuar como
supervisores de maestrías y doctorados si las universidades pudieran
conducirlos de manera adecuada.
Otra iniciativa valiosa sería difundir mejor la
diferencia entre los actuales programas de maestría y de doctorado. El comité
entiende que los programas de maestría buscan satisfacer las necesidades de
tres grupos de graduados: (a) los que desean especializarse para trabajar en el
sector privado (maestrías de tipo profesional u orientadas hacia la actividad
profesional), (b) los que desean experimentar con investigación científica pero
no quieren asumir las exigencias de un doctorado, y (c) los que desean encarar
el doctorado pero antes de hacerlo requieren fortalecer la formación que
adquirieron en el nivel del grado. En este marco, es necesario que los
estudiantes más destacados, que estén en condiciones de avanzar directamente al
doctorado, puedan hacerlo sin necesidad de completar los programas de maestría.
El comité encontró algunos estudiantes de este tipo en las universidades que
visitó. También es conveniente buscar la manera de acortar el tiempo que
insumen las maestrías y controlar de cerca el que toman los doctorados. Un
objetivo razonable sería 2,5 años para las primeras y entre cuatro y cinco años
para los doctorados realizados sin pasar por aquellas. El fondo propuesto
podría ayudar a fortalecer la formación académica de postgrado (a) aumentando
el número de supervisores calificados por la vía de apoyar a los investigadores
universitarios, y (b) fomentando la cooperación de las universidades con los
otros componentes del sistema.
La investigación sobre conservación y manejo de los
recursos naturales es un tema emergente en el sistema científico y tecnológico
argentino. La muy reciente intensificación de la agricultura puede ocasionar
serios problemas ambientales. Existe la oportunidad de aprender de los errores
ajenos y evitarlos modificando a tiempo las prácticas agropecuarias. Aunque
muchos de los problemas de la investigación sobre manejo de los recursos
naturales son similares a los de la producción agropecuaria, hay algunas
necesidades especiales, que derivan principalmente del hecho de que el gobierno
debe cumplir más funciones de largo plazo en este campo que en el de la
producción agropecuaria. El sector privado, por ejemplo, no tiene incentivo
comercial directo para invertir en acciones destinadas a reducir los efectos de
la erosión del suelo y de los residuos de fertilizantes y pesticidas que tengan
lugar fuera de los establecimientos. Otra diferencia importante es que el
factor humano pesa mucho más en el manejo de los recursos naturales. Es
bastante más fácil convencer a los productores de que ensayen nuevas variedades
de cultivos o nuevas razas de ganado, o de que compren nueva maquinaria o
fertilizantes, que persuadirlos de modificar el manejo del suelo, el agua y la
vegetación para alcanzar sustentabilidad en el largo plazo.
Aunque muchas de estas cuestiones van más allá del
marco del presente estudio, hay dos cosas que deberían hacerse para lograr un
mejor uso de los recursos del sector público. Una es comunicar la importancia
de temas ambientales a la sociedad; la otra, es proporcionar asesoramiento
científico a quienes deban tomar decisiones. En ambos casos, el comité
encuentra que no se usan bien las capacidades y la experiencia de los
científicos. Se proponen dos iniciativas para cambiar la situación:
¨ Mantener
una buena comunicación con periodistas interesados en el tema (especialmente
cuando tratan cuestiones ambientales), con organizaciones no gubernamentales y con
gente influyente comprometida con la causa.
¨ Proporcionar
información a asesores técnicos de políticos y a líderes políticos emergentes
interesados en el manejo de los recursos naturales. Esa información tiene que
adaptarse a las necesidades del interlocutor y no debe estar dominada por
cuestiones científicas.
Por último, no parece haber en la Argentina un foro
para el debate regular e independiente de las políticas públicas aplicables a
la investigación agropecuaria. La labor del comité suscitó considerable interés
en el tema, a juzgar por las animadas discusiones en que participaron sus
miembros. El consejo directivo del fondo debería asumir la responsabilidad de
mantener ese interés despierto por medio de reuniones y documentos de
discusión, así como de fuerzas especiales de trabajo para analizar determinados
temas.
En estos momentos falta personal en las
instituciones públicas, principalmente en las áreas de las ciencias que han
avanzado rápidamente durante los últimos veinte años. Pero tales lagunas no
están solo en esas áreas. La economía agraria es una antigua disciplina que
requiere ser reforzada. En el futuro, el INTA, el CONICET y las universidades
tendrán que ser mucho más exitosos de lo que lo fueron en el pasado en los
cambios de asignación de recursos, y tener la estabilidad y el horizonte
necesarios para hacerlo. La inversión privada no puede sustituir al
financiamiento estatal regular de cierta capacidad instalada básica. Al mismo
tiempo, recursos independientes, como los del fondo propuesto, pueden tener la
función vital de atraer a destacados científicos y mantenerlos en posiciones
clave.
Un procedimiento usado en otros países para
reformar la financiación estatal de la investigación agropecuaria es crear un
fondo dotal de cierta magnitud (estimativamente, el capital que proporcione un
flujo anual de unos 10 millones de dólares durante diez años), a ser
administrado por una comisión independiente compuesta por personas que se desempeñen
ad honorem y sean elegidas por sus conocimientos de agricultura, ciencias
agropecuarias y administración de la investigación moderna. Tal fondo proveería
la estabilidad necesaria para encarar investigación estratégica de alta calidad
y para promover buena educación de postgrado. En su comisión directiva no
debería incluirse a representantes ex officio de instituciones públicas, ni a
políticos; al comienzo, sería beneficioso incorporar a algunos directores
extranjeros experimentados. Conseguir el considerable capital que requiere este
fondo constituye en este momento un enorme desafío para la agricultura
argentina. Pero es un desafío que se puede aceptar. Fondos similares fueron
constituidos en otros países latinoamericanos, con la participación de Shell en
Venezuela, de ITT y el gobierno en Chile y solo por el gobierno en el Ecuador.
La opción favorita del comité para fortalecer la
investigación agropecuaria es crear centros especiales que den poder a los científicos
más competentes de las instituciones existentes. Muchos países han utilizado
tales centros después de la segunda guerra mundial, generalmente combinados con
procedimientos competitivos de financiación. El modelo de 'unidades asociadas'
desarrollado en Francia y adaptado en España puede ser adecuado para la
Argentina. El comité no desea entrar en los detalles, sino explicar algunas de
sus ventajas. En la medida en que tengan un fuerte liderazgo y actúen con
actitud empresarial, libre de burocracia, pueden traer nuevo vigor a las
instituciones públicas de investigación. Esto no se contradice con la necesidad
de reformar el INTA y las universidades argentinas: ambos procesos se
reforzarían recíprocamente.
Centros de ese tipo podrían ocuparse de los mayores
problemas y oportunidades de la investigación agropecuaria en la Argentina.
Deberían ser multidisciplinarios y agropecuarios, a diferencia de la tradición
argentina de concentrarse en una disciplina científica; tener siempre uno o
varios socios universitarios y un componente relevante del sector privado, y
establecer vínculos internacionales tanto para la investigación como para la
educación superior. La experiencia de otros países indica la conveniencia de
formalizar el acuerdo entre los participantes, para reducir la posibilidad de
retirarse discrecionalmente.
Los procesos recomendados por el comité para
establecer prioridades posiblemente identifiquen varias áreas importantes de
investigación en las que se justifica la creación de centros como estos. Una
podría ser la biotecnología de plantas, para contribuir al mejoramiento de
cultivos; otra, la producción de carne. Es difícil imaginarse que los
agricultores argentinos puedan competir globalmente sin una inversión mucho
mayor en biotecnología vegetal. Existe la oportunidad de usar más
eficientemente recursos existentes hoy diseminados en varias instituciones. La
Argentina debería tener, por lo menos, un centro con la mejor capacidad de
investigación y de formación superior en tres aspectos de la biotecnología
vegetal: (a) la genética avanzada y su influencia en los cultivos, (b) el
manejo de grandes bases de datos con información sobre genómica, y (c) el
conocimiento biológico necesario para interpretar esta información y usarla en
el mejoramiento de las variedades vegetales.
La producción de carne ha disfrutado de una ventaja
comparativa muy grande en la Argentina y debería ser una importante fuente de
divisas, especialmente a partir la devaluación de la moneda. Los adelantos
recientes en el conocimiento de la salud humana, por un lado, y de la genética
animal, por el otro, ofrecen la oportunidad de crear un equipo
multidisciplinario de científicos que, trabajando con los productores,
procesadores y comerciantes, diseñen controles genéticos y opciones de manejo
que mejoren la calidad de la carne y su contenido de ácidos grasos y la liberen
de contaminación.
Tanto la formación superior como la investigación
se beneficiarían con la creación de lazos más estrechos (o la reactivación de
antiguos contactos) entre las universidades y los grupos de investigación del
INTA y del CONICET, siempre que sus respectivos cometidos y responsabilidades
queden claramente definidos. Está el buen ejemplo de la unidad integrada
constituida en Balcarce por el INTA y la UNMdP. Los posibles beneficios para la
investigación de tales colaboraciones incluyen una mayor participación de
especialistas universitarios en grupos multidisciplinarios que investigan
importantes problemas de la agricultura del país. Dichos especialistas no solo
deberían provenir de las escuelas de agronomía o veterinaria. Una de las
mejores maneras de fortalecer la economía agraria sería lograr que los
investigadores de las escuelas de economía se interesaran por ella. Habría que
crear redes para incluir a buenos científicos de lugares alejados. El comité
oyó en varias ocasiones que la falta de contrapartes adecuadas impedía la
cooperación entre científicos del INTA y de ciertas las universidades. La
comunicación electrónica y modestas sumas de dinero para viajes permitirían que
científicos de localidades lejanas trabajen juntos.
En cuanto a la financiación de estos centros, el
comité considera que los salarios de los investigadores deberían seguir a cargo
de las instituciones existentes, pero que se necesitarían fondos adicionales
para solventar:
¨ Los
costos de dirección y el empleo de un director independiente.
¨ Becas
postdoctorales (hay en estos momentos una gran necesidad de ellas en todo el
sistema).
¨ Gastos
de investigación y compra de equipos.
¨ Costos
de instalación, aunque deberían usarse edificios existentes.
El comité aconseja implantar procesos competitivos
de selección, siguiendo los siguientes criterios:
¨ Los
méritos científicos de las propuestas y de las personas que liderarían la
investigación y los estudios de postgrado.
¨ Los
potenciales beneficios económicos y sociales de la investigación y la
posibilidad de que el país los capture.
¨ La
necesidad de que la investigación se haga en el país, con colaboradores
extranjeros o sin ellos.
Debería asignarse un subsidio anual a cada centro
durante un período inicial de no más de siete años, con adecuados procesos de
evaluación y con cláusulas claras (a ser cumplidas) que estipulen que el centro
se cierra al cabo de ese período.
7.4. La agricultura argentina en una encrucijada
Aunque se pueden esperar valiosas mejoras en la eficiencia del sistema de investigación y educación como resultado de la puesta en marcha de las recomendaciones del comité, hay mucho más que hacer. Todo el sistema de investigación agropecuaria está en estado de desorden y depende de la dedicación de un pequeño núcleo de personas. Si el país continúa por ese camino durante los próximos cinco o diez años, el desorden se convertirá en desastre. Uno de los primeros pasos por la senda de la recuperación es reconocer el cometido de la ciencia y la tecnología en la futura competitividad de la agricultura argentina. El hecho de tener algunas de las mejores tierras agrícolas del mundo no será suficiente. Otros países con buena tierra cultivable, en Europa y Norteamérica, se han comprometido firmemente con una agricultura basada en la ciencia y la tecnología. Australia y Nueva Zelandia, con menos tierra y de peor calidad, no han tenido más remedio que emprender ese camino. La Argentina tampoco tiene alternativa, según la opinión de este comité.
Donde la Argentina tiene alguna libertad de elección es en decidir cuánta investigación agropecuaria debe necesariamente realizarse en el país. En otras palabras, es lícito que se pregunte qué fuentes alternativas para obtener información hay y qué costo tienen. La Argentina se encuentra en la afortunada y rara situación de tener en su región agropecuaria suelos y climas similares a algunos de los Estados Unidos y del noroeste de Europa. Hay evidencias de que se transfirió tecnología de esos lugares con éxito. Antes, las pasturas importadas fueron decisivas en el desarrollo de la industria ganadera del país. Las similitudes ambientales plantean una disyuntiva fundamental: la de buscar la competitividad de los productos agropecuarios en los mercados del mundo mediante investigación propia o a través de la aplicación inteligente de tecnología importada (lo que podría llamarse el modelo japonés de antaño). Además de otros factores normalmente incluidos en un análisis ex ante de los potenciales beneficios y costos de una línea de investigación, la Argentina debe evaluar si los resultados se pueden obtener afuera de forma más económica que en casa. Los investigadores, académicos y representantes de la industria que el panel entrevistó no estaban al tanto de que alguna vez se hubiese realizado un análisis estratégico de este tipo.
De cualquier modo, si la Argentina decidiera importar la mayor parte de la tecnología agropecuaria que requiere, igual necesitaría una fuerte capacidad doméstica de investigación básica, por tres razones. Primero, porque la habilidad de negociar bien para acceder a la propiedad intelectual de bienes como genes patentados requiere conocimientos científicos profundos y experiencia en manejar tales acuerdos comerciales. La situación de los países industrializados de Europa y Norteamérica (de donde provendría la nueva tecnología agrícola) cambió mucho en tiempos recientes y, muy probablemente, continuará haciéndolo. Para comprar tecnología, la Argentina tendrá que entenderse con una mezcla dinámica de proveedores que incluirá desde las entidades tradicionales de investigación del sector público hasta las gigantescas empresas multinacionales, en un cambiante escenario de patentes, licencias y derechos. Esa mezcla incluirá asociaciones del sector público con el privado y complejas tramas de propiedad intelectual. En segundo lugar, porque los requerimientos de la agricultura argentina no quedarían totalmente cubiertos mediante la transferencia de tecnología y de los resultados de la investigación ajena. Las tecnologías importadas deben ser adaptadas al ambiente y a los mercados locales, lo que indica que la investigación adaptativa debe ser un componente esencial de la investigación y la tecnología nacionales. Y en tercer término, porque no puede concebirse educación universitaria de calidad en el siglo XXI sin un importante componente de investigación de calidad. Si la sociedad argentina y los sectores público y privado del país concuerdan en la necesidad de tener una población educada y especialistas de primera línea en las ciencias agropecuarias, es imperiosa la exigencia de que exista investigación agropecuaria de avanzada en las universidades y otras instituciones, y de invertir lo requerido para obtenerla.
Por ello, idealmente se debería definir una orientación estratégica para la investigación de cada producto o grupo de ellos que se producen o podrían producirse en el país. En los casos en que se prefiera importar la tecnología, debería mantenerse una capacidad nacional básica para negociar el acceso a información que no sea del dominio público, y para incorporar adaptaciones locales a nuevas razas y variedades. En otros casos, la decisión sería invertir en la Argentina todo lo necesario para lograr ventajas competitivas en los mercados de exportación.
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El comité pudo realizar su labor merced a la ayuda
recibida de numerosas personas, cuya actitud positiva de proporcionar
información y compartir conocimientos e ideas sobre el sector agropecuario,
la educación superior y la investigación desea agradecer muy especialmente.
En especial, quiere reconocer el asesoramiento del grupo coordinador,
integrado por Antonio Hall (IFEVA), José Martini (Antorchas), Martín
Oesterheld (IFEVA), Rodolfo Sánchez (IFEVA), Víctor Sadras, (FA, UNMdP) y
Ernesto Späth (INTA Balcarce). Los especialistas que prepararon informes
sobre determinadas ramas de la actividad agropecuaria, y que merecen
particular reconocimiento, fueron Daniel Caldiz (papa), Roberto Distel
(ganadería vacuna), Daniel Miralles y María Otegui (cereales), Tomás
Schlichter (silvicultura) y Ernesto Späth (sanidad animal). El comité también
agradece el aporte de Martín Oesterheld, María Semmartin y Antonio Hall, que
realizaron el estudio básico sobre la producción bibliográfica argentina en
investigación agropecuaria. |
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(3) Ted Henzell, que presidió el comité, es profesor de
la Universidad de Queensland, en Australia. Obtuvo su doctorado en fisiología
vegetal en Oxford y, en adición a su carrera académica -durante la que
publicó más de 70 trabajos en revistas científicas especializadas- , ocupó
varias posiciones de responsabilidad en la Commonwealth Scientific and
Industrial Research Organization (CSIRO) de Australia, como director del
Institute of Plant Production and Processing y presidente de la Sugar
Research and Development Corporation.
(2) Elías Fereres es
catedrático del departamento de Agronomía en la escuela técnica superior de
Ingenieros Agrónomos y Montes, de la Universidad de Córdoba. Obtuvo su
doctorado en agronomía en la Universidad Politécnica de Madrid y en ecología
en la University of California Davis. Fue presidente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas de España y de la Academia de Ingeniería de ese
país. En 1992-1994 ocupó el cargo de secretario de estado de Universidades e
Investigación del ministerio español de Educación y Ciencia. Ha dirigido 24
tesis doctorales.
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